Fallo en Nueva York a favor de YPF Argentina

YPF vuelve al centro de la escena judicial y política tras un fallo clave en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que suspendió —por tiempo indeterminado— la entrega del 51% de las acciones de la petrolera a los fondos buitre. Un respiro inesperado para el gobierno nacional y un freno, al menos momentáneo, a la avanzada que encabezaba la jueza Loretta Preska.

¿Qué resolvió la Cámara y por qué es un alivio?

El fallo, firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, concede una “suspensión administrativa temporal” sobre la orden de Preska, que exigía la transferencia inmediata de las acciones al grupo litigante encabezado por Burford Capital y Eton Park.

¿El impacto? Se desactiva el ultimátum de 72 horas impuesto a Argentina, que incluía una amenaza de desacato si no cumplía. Y eso, en el lenguaje de Wall Street, se traduce como una victoria temporal del país.

Los plazos ahora cambian: los fondos deberán presentar su oposición antes del 17 de julio, y la Argentina tiene hasta el 22 para replicar. Luego, un panel de tres jueces evaluará si la suspensión se mantiene, se revierte o se transforma en algo más sólido.

Por qué Argentina apeló y qué está en juego

La defensa argentina se plantó con un combo de argumentos jurídicos y políticos:

• La orden de Preska violaría el derecho federal de EE.UU.
• Invoca la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).
• Denuncia un ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial.
• Asegura que cumplir la orden implicaría violar la ley nacional, que exige aprobación del Congreso para transferir acciones.

Pero también hay algo más: el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) expresó diferencias con el fallo original. No es un apoyo explícito, pero sí una señal fuerte en tiempos de polarización global.

En criollo: si Estados Unidos permite que se embarguen activos estratégicos de un país soberano, sienta un precedente que después puede volverse contra ellos.

La política detrás del juicio por YPF

Este conflicto nace en 2012, cuando el Congreso argentino aprobó —por amplísima mayoría— la expropiación del 51% de YPF, en manos de Repsol y el Grupo Petersen. La operación fue liderada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, hoy gobernador de Buenos Aires.

Los fondos buitre compraron los derechos de litigio del Grupo Petersen y de IEASA (ex Enarsa), y apuntaron a obtener una compensación multimillonaria. Lograron una sentencia favorable de Preska, quien obligó a pagar u$s16.099 millones en acciones Clase D.

Ahora buscan cobrarse con activos estratégicos: Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, el BCRA… pero no lo lograron. El blanco más valioso: el control accionario de YPF.

Qué rol tiene YPF en este juicio

Acá un punto clave que suele confundirse: YPF no es parte del juicio. No es la demandada, no tiene abogados en el caso ni presenta escritos. El CEO de la compañía, Horacio Marín, lo dejó claro: “Preska falló a favor de YPF, en contra de la República”.

La pelea es entre los fondos buitre y el Estado argentino. Pero claro, el botín son las acciones de YPF, los proyectos en Vaca Muerta, el futuro del GNL y, por supuesto, la soberanía energética.

¿Y ahora qué?

Los próximos pasos están en manos del panel de tres jueces que deberá resolver si mantiene o no la suspensión. Hay tres escenarios posibles:

1. Ratifican a Preska: Argentina se queda sin defensa, y el riesgo de embargo vuelve a la mesa.
2. Modifican el fallo: Se redefine el monto, el alcance o el modo de pago.
3. Revocan todo: Se anula la orden de entrega, y Argentina gana tiempo y margen de negociación.

Las provincias también se meten en la pelea

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, anunció que llevará su reclamo a la Corte de Nueva York para defender el patrimonio provincial. Su argumento: las provincias petroleras son accionistas de YPF, y nadie les consultó nada.

Acá se abre otro frente legal, pero también político. Porque la entrega forzada del 51% no sólo afecta al Estado nacional, sino también a provincias y bonistas que tienen intereses en la compañía.

Un fallo que va más allá de YPF

Lo que está en juego no es sólo una empresa ni una cifra. Es la capacidad de un Estado de tomar decisiones soberanas sin que el sistema financiero internacional te pase por arriba.

Argentina, con todos sus errores, se encuentra en una posición donde defender a YPF no es sólo una cuestión legal, sino una cuestión de soberanía.

Y aunque esto sea apenas una pausa, una suspensión administrativa, en este tablero judicial global lleno de fondos carroñeros, cada día ganado es una batalla que importa.